[Editorial Boletín 34 · Octubre 2018]

El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers -entonces, el cuarto banco de inversión de los Estados Unidos e imagen icónica de un colapso financiero global- se declaraba oficialmente en bancarrota. En el país del libre mercado, la Reserva Federal de Estados Unidos cifró, cinco años después, en 12,6 billones de dólares la cantidad que movilizó para estabilizar el sector financiero, lo cual equivalía a más del 80% de su PIB de 2007. Este tsunami provocó una reacción en cadena de todo el sistema financiero con consecuencias desastrosas para las economías de todo el mundo.

10 años después, hay quién dice que la crisis financiera ha pa­sado. Que desde hace años los indicadores macroeconómicos están en verde. Que se ha recuperado el crecimiento económi­co... Pero lo que realmente nos demuestra el paso del tiempo es que el propio capitalismo es el mayor generador de crisis y desigualdades. Y ya nos sabemos la norma. Quien acaba pagan­do las peores consecuencias son las personas y, especialmente, aquellas más vulnerables. Para mucha gente la crisis no ha pa­sado, sino que ha endurecido sus condiciones de vida.

Según un informe de la Fundación FOESSA, en términos de exclusión social, en el Estado español la crisis financiera se ha cobrado un incremento de 1,2 millones de personas en si­tuaciones de vulnerabilidad. En total, en 2018, hay 8,4 millones de personas en una situación de exclusión, de las cuales, 4,1 millones de personas (un 8’8% de la población total) están en una situación de exclusión severa. El incremento de estas últimas ha sido del 40% des­de 2008, agudizándose en el caso de mujeres y personas migradas.

Estos 10 años, también han deteriorado el sistema, cada vez más frágil, de protección social. Sumado a los brutales recortes públicos en inversiones debemos recordar la reforma laboral perpetrada en el año 2012 donde se rompía cualquier intento de equilibrio entre empresarios y trabajadoras institucionalizando y oficializando la precariedad laboral. Nos encontramos ante la primera generación de personas asalariadas abocadas a situa­ciones de pobreza o exclusión en dimensiones como la vivienda, la salud o el consumo de productos básicos.

Este contexto, además, está abonando peligrosamente el terre­no para que movimientos políticos con valores propios de un pasado político oscuro, vayan ganando unas cotas de poder demasiado altas y poniendo en peligro la convivencia en nuestras sociedades.

En el futuro y ante las nuevas barbaridades que vendrán, deberemos estar preparadas. Dibujar y construir alternativas que nos hagan cada vez más inmunes a estos embates. Así pues, durante estos 10 años, hemos visto emerger iniciativas que luchan contra la explota­ción y la precariedad laboral poniendo en marcha muchísimos pro­yectos productivos desde el cooperativismo, nuevos colectivos que se responsabilizan de servicios comunitarios, proyectos que impulsan otro modelo de producción y acceso a la cultura o iniciativas que trabajan por un nuevo modelo energético generando procesos de de­mocratización en la producción, instalación, formación y consumo. También, han surgido iniciativas de consumo colectivo en sectores tan supuestamente impenetrables como las telecomunicaciones o la movilidad. Han pro­liferado iniciativas de agricultura ecológica que pretenden devolver la vitalidad en el cam­po y generar un producto sano, fresco y sostenible, acom­pañado de nuevos espacios para la comercialización y el consumo. Gru­pos de personas que, reúnen fuerzas y plantean un nuevo modelo de acceso a la vivienda desde el cooperativismo y la no mercantilización de un bien que debería ser universal. Proyectos que traba­jan para la conservación del medio natural y la sostenibilidad de la biodiversidad y mu­chísimas iniciativas que focalizan todas sus fuerzas a la inclusión socio-laboral y la atención de personas y colectivos específicos expuestos a situaciones de vulnerabilidad. Y todo revestido con la creación y fortalecimiento de nuevas redes de intercooperación, creando herramientas y buscando soluciones colectivas para fortalecer la economía so­cial y solidaria.

¿Y qué respuesta ha dado Coop57 duran­te la crisis? 2.277 préstamos por valor de más de 80 millones de euros. Y con el convencimiento que en momentos de difi­cultad es cuando más importante es activar todos los mecanismos de solidaridad y autogestión cooperativa y compartida. Actuando como una auténtica red que ha crecido de manera exponencial los últimos años y que ya agrupa a más de 850 entida­des y a más de 4.000 personas, estableciendo mecanismos de funcionamiento solidarios y compartidos para avanzar hacia un objetivo común. Por ejemplo, el pacto solidario entre socias colaboradoras y de servicios para fijar anualmente, democrática y solidariamente, los porcentajes tanto para el ahorro como para los préstamos o la creación del Fondo de Garantía de Préstamo, como mecanismo solidario para sostener el riesgo de manera coral y colectiva.

10 años para resistir desde la solidaridad y el apoyo mutuo, los em­bates del capital y de una élite financiera, empresarial, institucional y política que ha protegido con toda la fuerza y contundencia nece­saria un sistema que los beneficia y los perpetúa en sus posiciones de privilegio.

10 años para construir y seguir desarrollando un modelo socioeco­nómico democrático, autogestionado, colectivo, transformador, soli­dario, inclusivo, intercultural, arraigado en el territorio y respetuoso con el medio ambiente, el territorio y las personas.